El Reglamento de VPO permitirá la descalificación condicionada a partir de los 10 años

El precio de la venta no podrá superar en ningún caso el de una vivienda protegida nueva de similares características.

Concepción Gutiérrez, consejera de Obras Públicas y Transportes.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Reglamento de Vivienda Protegida de Andalucía, que desarrolla la nueva legislación autonómica de vivienda y suelo en aspectos como la descalificación, la transmisión y la venta de estos inmuebles. Como principal novedad, la norma abre la posibilidad de descalificar una vivienda protegida para poder ponerla en el mercado libre a partir de los 10 años, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

Esta medida podrá aplicarse en todas las viviendas protegidas, salvo aquellas construidas sobre suelos en los que la legislación no lo permite, como es el caso de los procedentes de enajenaciones directas realizadas por administraciones públicas. Entre otras condiciones para cambiar la calificación de protegida a libre, el reglamento exige que la vivienda haya sido el lugar de residencia habitual y permanente de su titular durante los últimos cinco años. Asimismo, de esta medida no podrán derivarse perjuicios a terceros.

Una vez solicitada la descalificación, la Junta responderá en el plazo de tres meses. En el caso de que otorgue su autorización, y como requisito indispensable para la puesta de la vivienda en el mercado, el interesado deberá devolver los anticipos, préstamos, subvenciones y ayudas públicas percibidas.

El límite de 10 años para la descalificación condicionada podrá ser menor en el caso de que la vivienda esté acogida a un programa en el que el periodo de pertenencia al régimen protegido sea igualmente menor.

En cuanto a la transmisión y venta de las viviendas protegidas que no pierden su condición de tales, el reglamento establece un plazo mínimo de diez años para poder llevar a cabo esta posibilidad, siempre y cuando el programa al que estén acogidas no refleje un periodo menor.

El precio de la venta no podrá superar en ningún caso el de una vivienda protegida nueva de similares características. Si el inmueble tiene más de quince años, la cantidad de referencia será la misma que rige para las denominadas viviendas de Iniciativa Municipal o Autonómica. No obstante, el precio podrá incrementarse hasta un tope del 10% en el caso de que se hayan realizado mejoras en el inmueble y también (proporcionalmente a los nuevos metros cuadrados) si se ha aumentado su superficie útil.

Como novedad destacada, la Administración no ejercerá el derecho de tanteo y retracto en las transmisiones entre parientes de hasta segundo grado de cosanguineidad, ni tampoco en las referidas a la cuota indivisa de un propietario al otro cotitular (normalmente en casos de separaciones conyugales). Fuera de estos supuestos, y una vez solicitada la autorización para realizar una venta en las condiciones legalmente establecidas en cuanto a precio y persona adquirente, la Junta podrá ejercer el derecho de tanteo en el plazo de 60 días. Si en ese periodo el interesado no recibe comunicación al respecto, podrá llevarse a cabo la operación en los términos autorizados.

Notarios

El Reglamento aprobado también desarrolla las previsiones de la legislación autonómica de vivienda y suelo referida a la función de los notarios, especialmente la obligación que tienen estos profesionales de informar a la Junta del otorgamiento de escrituras de adjudicación o transmisión, así como de cualquier derecho real o de disfrute de una vivienda protegida.

Los notarios también deben informar de los contratos de arrendamiento y de las escrituras de declaración de obra nueva por parte de los promotores. El conocimiento de todos estos datos es fundamental para que la Administración autonómica pueda ejercer de modo efectivo sus competencias en materia de vivienda protegida.

Finalmente, en lo referido al suelo, el reglamento determina que se deben destinar a la construcción de viviendas protegidas los terrenos así clasificados por el planeamiento urbanístico (al menos un 30% de los nuevos suelos residenciales) y aquellos que provengan de transmisiones de particulares a las administraciones. En el caso de que se incumpla esta previsión, la Administración autonómica podrá intervenir mediante el recurso a la expropiación forzosa. El precio de estos suelos no podrá exceder el 15% del de la vivienda que sobre ellos se construya.

El decreto aprobado desarrolla la Ley de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, vigente desde finales del pasado año y cuyos objetivos se centran en incrementar la oferta, mejorar la lucha contra el fraude, garantizar la legalidad urbanística y vincular las políticas de construcción y las de promoción de suelo con el fin de aumentar el parque de inmuebles protegidos. Entre otras aportaciones, esta norma dio rango legal a las medidas del IV Plan de Vivienda y Suelo para atender a una gran cantidad de familias de recursos medios que quedaban fuera del mercado libre debido a la subida de los precios y que tampoco cumplían los requisitos de renta para el acceso a la vivienda protegida.

Asimismo, la ley extendió a todos los municipios de la comunidad autónoma la obligación de reservar para la construcción de viviendas protegidas el 30% de los nuevos suelos residenciales, requisito que anteriormente afectaba a las poblaciones de más de 20.000 habitantes y a las áreas metropolitanas y litorales. En la misma línea, se incluyó la obligatoriedad de reservar la totalidad de los terrenos residenciales procedentes de procesos de desafectación, como los ocupados anteriormente por infraestructuras ferroviarias, antiguos cuarteles u otros edificios públicos.

¡Es la democracia, liberal!

José Andrés Torres Mora, diputado en el Congreso de los Diputados y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE.

Publiqué éste artículo en respuesta a uno de mi amigo el diputado del PP José María Lassalle, posteriormente él publicó en el diario ABC el 29 de junio de 2006 un artículo de respuesta con el hermoso título: “Es la libertad, sólo eso”.


HE leído con interés la tribuna de mi amigo el diputado del PP José María Lassalle titulada «El momento liberal» (ABC, 14-6-2006). En su artículo, el profesor Lassalle pide una oposición capaz de combatir con firmeza, moderación y sensatez al Gobierno socialista. Una oposición rigurosa y beligerante con los errores del Gobierno, pero respetuosa. Una oposición que use el sentido común, las instituciones y las prácticas habituales de las sociedades democráticas. Con sus palabras no pretende describir la oposición que está haciendo el PP, sino la que debería hacer. De hecho, y tras dos años de legislatura, advierte de «la enorme importancia en estos momentos de desplegar un discurso crítico frente al Gobierno que se base en la inteligencia, la moderación y la cordura». Personalmente no sería capaz de expresar con más precisión las carencias de nuestros adversarios. Lo nuevo es que se reconozcan desde el mismo PP.

Tiene razón el profesor Lassalle cuando pone a Isaiah Berlin como ejemplo de ese estilo liberal que debería cultivar el PP. Berlin critica poniéndose en la piel de su adversario, trata de comprender las razones de su contrincante, hace de abogado del diablo. Justo lo contrario de lo que hace el diputado Lassalle en su artículo, en el que demoniza a Zapatero para poder atacarlo más cómodamente: «Un hombre resentido, simulador, visceral, con obsesiones políticamente inconfesables». ¿Es este el peaje que hay que pagar en el PP por pedir una oposición razonable y propositiva?

Lassalle proyecta sobre la persona de Zapatero los perfiles de toda una izquierda a la que acusa de no haber superado el marxismo doctrinario, de no haberse enterado de que el Muro cayó, de no haber liderado la oposición antifranquista, que no reconoce la aportación de la Monarquía al establecimiento de las libertades democráticas en nuestro país.

Ningún intento de comprender nada. Caricaturiza hasta hacer irreconocible a un socialismo más inspirado en políticos como Olof Palme o Willy Brandt que en su propia historia truncada por la Guerra Civil y la Dictadura, una historia también protagonizada por hombres como Fernando de los Ríos, que, defendiendo la libertad, se opusieron con firmeza a las corrientes autoritarias de la izquierda. Un socialismo que apoyó incondicionalmente a Helmut Kohl cuando cayó el Muro. Un socialismo que defendió la integración democrática en la OTAN y en la Unión Europea. El socialismo que votó íntegramente la Constitución del 78 y que ha sido leal con la Monarquía desde el Gobierno y la oposición. Muchas personas honestas y con memoria podrán recordar cuál ha sido el comportamiento del PP en cada uno de estos temas.

En cuanto al reproche a los socialistas de no haber liderado la oposición antifranquista, nada tengo que decir, salvo que el PSOE formó parte de dicha oposición. Por lo demás, nadie mejor que algunos de los fundadores del PP para evaluar qué izquierda fue más eficaz y combativa, pues ellos la vieron de frente.

En todo caso, nadie es responsable de los pecados de sus antepasados. La Transición es en buena medida la frontera generacional de las responsabilidades políticas de las actuales direcciones del PP y del PSOE.

Y fue en la Transición cuando Zapatero optó por el socialismo democrático en lugar de por el comunismo, y Rajoy optó por AP en lugar de por la UCD. Optó por la posición menos centrista y por la más centralista, por la más confesional, por la más ligada biográfica y políticamente al pasado autoritario de la derecha.

La España actual tiene más que ver con la cultura política de la UCD y del PSOE que con la de AP y del PCE. Este es el problema: el PP (AP) fue una fuerza minoritaria en la Transición, y con fuertes objeciones a la misma, y ahora que es la fuerza hegemónica de la derecha quiere revisar la Transición, renacionalizar y recentralizar la política española. Esa visión, y la estrategia que conlleva, choca con la España real y crea enormes tensiones sociales y políticas. No funciona, y no funcionará.

El liberalismo, sea de primero de carrera o de doctorado, puede ser una buena terapia para los males que aquejan a la derecha. El respeto a la inteligencia de la gente y a la dignidad de los adversarios son, Lassalle tiene razón, timbres de honor del mejor liberalismo. Su artículo ha sido una ocasión perdida para ponerlos en práctica. Aunque sus palabras suenan menos duras que los humillantes epítetos que cada mañana dedica al señor Rajoy, un representante de los ciudadanos, una parte de la derecha política y mediática que se dice liberal.

La España democrática no puede ni dejar de ser liberal ni ser sólo liberal. Para que no deje de ser liberal, o mejor, para que lo sea más, el Gobierno del presidente Zapatero ha acabado con la televisión de partido. Para que España sea más liberal, ha promovido leyes que amplían las posibilidades de los ciudadanos para decidir, como la que abrevia los trámites del divorcio o la que reconoce el matrimonio a los homosexuales. Para que España sea más liberal, la religión volverá a ser lo que era, una asignatura no obligatoria ni evaluable. Para que España sea más liberal, el Gobierno de Zapatero está afianzando la cultura del superávit presupuestario.

Y para que España no sea sólo liberal, ha subido el salario mínimo, las pensiones y las becas, y ha puesto en marcha la atención a la dependencia como nuevo derecho social, y promueve la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, políticas liberales y no sólo liberales que nutren el compromiso de los socialistas de hoy con la democracia.

Artículo publicado en el diario ABC el 23/06/06

La Diputación de Málaga apuesta por la Oficina para la Responsabilidad Social Corporativa

Ana Navarro Navarro, diputada de Derechos Sociales y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Málaga.

Este lunes, la Diputación y la Confederación de Empresarios de Málaga presentamos la Oficina para la Responsabilidad Social Corporativa (ORSC), que se enmarca dentro del programa Equal in Red. Se trata de un proyecto pionero porque aúna el esfuerzo de una institución pública y el de la iniciativa privada con el objetivo común de promover la conciencia social y medioambiental entre las empresas de Málaga. Como señalé en la presentación, las Administraciones Públicas ya no podemos recorrer solas el camino de la mejora de nuestro entorno. Necesitamos la participación del sector privado. Pero esa participación no debe ser vista como una carga para la empresa, sino como una oportunidad. Las empresas se mejoran a sí mismas cuando mejoran su entorno humano y ecológico, como se pudo comprobar en las ponencias a las que asistimos el lunes en el Hotel Monte Málaga, durante la presentación de la ORSC.

Esta Oficina tiene ese objetivo compartido. Queremos, fundamentalmente, facilitar el empleo a colectivos desfavorecidos, para evitar que se queden excluidos de la sociedad. Las empresas tienen ahora la oportunidad de acompañarnos en esa lucha contra la exclusión que supone no tener un trabajo (o tenerlo en condiciones precarias), y que afecta a los sectores más vulnerables de la población, como mujeres víctimas de la violencia de género, inmigrantes, parados de larga duración...etc. Entre las actividades que desarrollará la Oficina se encuentra la creación de un Foro Malagueño de Entidades Sociales y Empresas Responsables, que servirá de punto de encuentro entre empresas y Entidades sociales como ONG’s o sindicatos para cooperar en proyecto sociales; la convocatoria de un Premio a la Excelencia Social que distinguirá a una empresa malagueña por sus buenas prácticas; así como numerosas jornadas formativas para empresarios en torno al concepto de la RSC.

Creemos, sin duda, que los Derechos Sociales y la constitución de una ciudadanía dinámica, plural y fuerte no se puede impulsar solamente desde las instituciones públicas. Necesitamos la implicación de las empresas. De ahí que hayamos querido dar importancia a la RSC.

Garantías para los ciudadanos

Remedios Martel, Diputada del PSOE por Málaga en el Congreso de los Diputados.

Hace quince años un Gobierno Socialista, afrontaba una regulación innovadora y en profundidad de la prestación farmacéutica en nuestro país. La Ley del Medicamento de 1990, aseguró la prestación farmacéutica para todos los ciudadanos. Nacía para dotar a la sociedad de un instrumento institucional que le permitiera esperar confiadamente que los problemas relativos a los medicamentos fueran abordados por cuantos agentes sociales se vieran involucrados en su manejo (industria, profesionales sanitarios, poderes públicos y los propios ciudadanos), en la perspectiva del perfeccionamiento de la atención a la salud.

Han transcurrido quince años y el desafió actual, es asegurar la calidad de la prestación farmacéutica en todo el SNS, en un marco descentralizado, capaz de impulsar el uso racional de los medicamentos y en el que el objetivo central, sea que todos los ciudadanos sigan teniendo acceso al medicamento que necesiten, cuando y donde lo necesiten, en condiciones de seguridad y de efectividad.

En los próximos años, el incremento de las necesidades sanitarias, derivadas de fenómenos como la cronificación de numerosas patologías, el crecimiento de la población y el envejecimiento de la misma, hace hoy necesario, garantizar en un marco riguroso las exigencias de seguridad y eficacia de los medicamentos, en beneficio de la calidad asistencial para los ciudadanos.

Hoy de nuevo, un Gobierno Socialista, aprueba una ley, cuyo objetivo es asegurar la calidad y la universalidad de la prestación farmacéutica a los principales beneficiarios, los ciudadanos, con medidas que potencian la seguridad de los medicamentos, la disponibilidad y la accesibilidad de los mismos, reforzando el papel de los profesionales sanitarios en la atención a los pacientes y la transparencia en el funcionamiento del sector.

La obligatoriedad de exigir la receta médica, al objeto de prevenir los efectos nocivos, que para los ciudadanos acarrea la automedicación, la implantación de la receta electrónica, que facilitara mayor comodidad a los pacientes crónicos, la clarificación en los prospectos para hacerlos más comprensibles a los ciudadanos y la incorporación del alfabeto braille a los mismos, son aportación de esta Ley, en la búsqueda de la calidad y seguridad de la prestación, así como para el uso correcto y cumplimiento de los tratamientos.

Mejorar la información y promoción de los medicamentos a los profesionales, la regulación de la trazabilidad con el fin de permitir el seguimiento de los medicamentos desde su fabricación, hasta el paciente, el nuevo sistema de precios de referencia, el fomento de los medicamentos genéricos, la incorporar de la innovación como criterio para la financiación, el fomento de la investigación, son aspectos que responde a la necesidad de actuar sobre las claves del sistema y con un objetivo claro: -asegurar la calidad y la universalidad de la prestación farmacéutica en el SNS- ante los nuevos retos, garantizando que todos los ciudadanos tengan acceso a los medicamentos con las máximas garantías de seguridad y eficacia.